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Los motivos que pueden impulsar la decisión de solicitar una plaza en una residencia son muchos y variados. Existen en España 6.045 centros residenciales que ofrecen alojamiento, manutención y asistencia durante el día y la noche. De estos, 1.706 son centros de titularidad pública y 4.339 son privados, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). 

No obstante, la distribución en las diferentes comunidades autónomas no es uniforme. Así, Castilla-La Mancha es la región con más centros públicos en total (296). En cambio, La Rioja, Ceuta y Melilla cuentan con menos de diez centros. Y la Comunidad de Madrid es la región donde este servicio está más privatizado: casi nueve de cada diez centros son privados.

Las diferencias entre una plaza privada y una pública parecen bastante sencillas. La primera tiene un coste de mercado y el usuario debe abonarlo en su totalidad, mientras que en la segunda se paga un precio público en función de los ingresos y están gestionadas por una entidad pública. No obstante, a las plazas públicas y privadas se unen las concertadas. En este caso, la gestión es privada, pero la financiación es pública. Por ese motivo, aunque son plazas en centros privados, el usuario abona un precio público que depende de sus ingresos. Tanto para optar a una plaza concertada como a una pública será necesario cumplir una serie de requisitos, como demostrar un grado de dependencia que justifique la necesidad de la plaza.