El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, tiene la intención de aprobar la segunda pata de la reforma de las pensiones antes del 1 de enero de 2023, fecha en la que España se comprometió con Bruselas a tener la norma lista en el marco de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras un primer bloque de medidas aprobado en diciembre del año pasado, que recuperaba la revalorización de las pensiones según el IPC, esta segunda fase de la reforma incluye tres grandes cambios en el diseño del sistema, tanto con la fórmula en la que se calculan las pensiones como con el esquema de ingresos y gastos. Se trata de una reforma pendiente, ya que la partida presupuestaria de las prestaciones pasará de representar el 12% del PIB actual al 15,5% en las próximas tres décadas.

Periodo de cómputo

Escrivá quiere plantear una ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Actualmente, son los últimos 25 años y el ministro se ha comprometido con Bruselas a elevar este periodo, una medida con la que los socios de gobierno de Unidas Podemos y los sindicatos no están de acuerdo.

Por ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha explicado que tiene la voluntad de extender el periodo de cálculo de los años trabajados para acceder a la jubilación hasta los 30, con posibilidad de descartar los dos peores. La propuesta implica que se acrediten más años para acceder a la prestación, pero se podrán retirar las 24 mensualidades en las que el trabajador haya cotizado menos, para que la pensión no se vea resentida.

Este reacondicionamiento tendría un impacto neutro en las cuentas de la Seguridad Social, según los cálculos elaborados por el departamento, pero podría afectar a los trabajadores con una trayectoria laboral lineal, que podrían verse perjudicados. Sin embargo, las personas que cuenten con malos años en su historial (por haber estado en el paro, por ejemplo) verían mejorada su prestación.

Aumento de bases y pensiones máximas

Entre las medidas para aumentar los ingresos y contener el gasto está la eliminación progresiva de los topes de las bases máximas y también de las pensiones máximas. El Ministerio de Seguridad Social ha planteado vincular la evolución de la base máxima al criterio de revalorización de las pensiones, el IPC, y acabar con las subidas decretadas por los gobiernos en los presupuestos. Escrivá, por su parte, ha subrayado que las bases máximas tienen que subir lo mismo que las pensiones, incluyendo la inflación. “Siempre se ha subido en términos reales. No estamos sorprendiendo a nadie”, ha dicho el ministro, que ha desligado la subida de las bases máximas de 2023 en un 8,6% de la negociación en el diálogo social para acordar el ritmo adicional al que deberían subir las bases y la pensión máximas a lo largo de los próximos 25 o 30 años.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El ministro también quiere hacer el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) totalmente automático, en lugar de la semiautomaticidad actual.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional acordado en el seno del diálogo social en el primer bloque de reforma de pensiones sustituye al Factor de Sostenibilidad incluido en la reforma de 2013 y combina diversos elementos que permiten repartir de un modo equilibrado entre generaciones el esfuerzo para reforzar el sistema.

Con respecto al MEI, el ministro ha reiterado que existen discrepancias con Bruselas en torno al diseño. Escrivá tiene previsto abordar este asunto con representantes en el seno de la Comisión Europea, donde se prefiere que la sobrecotización del MEI se mantenga hasta 2050, es decir, que sea una regla automática, mientras que el Gobierno prefiere que dure diez años y luego se evalúe, lo que da mayor flexibilidad a la hora de elegir si se mantiene ese instrumento o se cambia por otro (regla semiautomática).