Los motivos que pueden impulsar la decisión de solicitar una plaza en una residencia son muchos y variados. Existen en España 6.045 centros residenciales que ofrecen alojamiento, manutención y asistencia durante el día y la noche. De estos, 1.706 son centros de titularidad pública y 4.339 son privados, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). 

No obstante, la distribución en las diferentes comunidades autónomas no es uniforme. Así, Castilla-La Mancha es la región con más centros públicos en total (296). En cambio, La Rioja, Ceuta y Melilla cuentan con menos de diez centros. Y la Comunidad de Madrid es la región donde este servicio está más privatizado: casi nueve de cada diez centros son privados.

Las diferencias entre una plaza privada y una pública parecen bastante sencillas. La primera tiene un coste de mercado y el usuario debe abonarlo en su totalidad, mientras que en la segunda se paga un precio público en función de los ingresos y están gestionadas por una entidad pública. No obstante, a las plazas públicas y privadas se unen las concertadas. En este caso, la gestión es privada, pero la financiación es pública. Por ese motivo, aunque son plazas en centros privados, el usuario abona un precio público que depende de sus ingresos. Tanto para optar a una plaza concertada como a una pública será necesario cumplir una serie de requisitos, como demostrar un grado de dependencia que justifique la necesidad de la plaza.

El precio de una residencia de ancianos pública depende de los ingresos y de la pensión del mayor. Normalmente, se suele cobrar entre un 65% y un 85% de los ingresos totales anuales. Del mismo modo, el precio de las plazas concertadas va a determinarse según la capacidad económica del usuario. Funcionan igual que las plazas públicas, lo único que cambia es la gestión que proporciona la empresa privada. 

De igual manera que para poder acceder a una plaza pública o concertada, para saber la cuantía final de estas plazas será necesario acudir a los servicios sociales y empezar a gestionar con el trabajador social la solicitud de plaza. Después de que se realice la valoración del grado de dependencia, se informará sobre cuáles son las ayudas a la dependencia.

Si se desea optar por vivir en una residencia y se busca una plaza pública, conviene iniciar el proceso con tiempo, pues son muchos los pasos que hay que seguir hasta que se completa el trámite. Además, al tratarse de una competencia autonómica, pueden existir ligeras variaciones en la solicitud según la región. 

Prestación vinculada al servicio

También existe una ayuda que puede solicitarse en el caso de ingresar en una residencia privada sin plaza concertada. Se trata de la prestación vinculada al servicio, que consiste en un ingreso periódico que busca contribuir a financiar los gastos de diferentes servicios de asistencia, como el ingreso en una residencia o la ayuda a domicilio.

Se trata de una opción muy solicitada cuando una persona no puede esperar los dilatados plazos de la adjudicación de una plaza pública. En estos casos, el usuario elige una entidad privada autorizada e inscrita en el registro correspondiente de cada autonomía.

Las comunidades autónomas gestionan el pago de esta prestación y los servicios de asistencia personal que también están recogidos dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que pueden ser servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de centros de día y de noche y de atención residencial. La cuantía de esta prestación varía según el grado de dependencia y la situación económica de cada persona.